El alquiler, venta, uso y abuso de los teléfonos celulares y la señal WiFi dentro de los penales del país generaría unos 20 millones de soles a la corrupción. Esto considerando que el 90% de los más de 93 mil presos cuenta con un equipo telefónico móvil, estima el representante de Prisontec, la empresa que debe colocar los bloqueadores de celulares en los penales del país.
Tito Fernández cree que ese dinero, que queda en manos de los delegados de los presos y funcionarios corruptos del INPE, podría estar detrás de las trabas burocráticas que viene sufriendo su empresa para terminar de instalar los bloqueadores de celulares y señal WiFi.
Iniciativa privada
La instalación de estos equipos no le genera gastos al Estado. Se trata de una iniciativa pública privada de prestación de servicios. Prisiontec instala los bloqueadores, a cambio de usufructuar el servicio telefónico en los penales. Los reclusos no quedan incomunicados, solo tienen que utilizar los teléfonos públicos de Prisontec y con eso la empresa recupera su inversión.
El proyecto preveía que se contrate a una empresa supervisora, pero al final está función quedó en manos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, específicamente del personal técnico del Instituto Nacional Penitenciario (INPE).
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| Representante de Prisontec Tito Fernandez |
Solo en 10 penales
La iniciativa privada fue aceptada y en octubre del 2014 comenzó el proyecto, pero desde entonces solo se han instalado bloqueadores en 10 penales, de los 33 previstos.
Se instalaron bloqueadores y empezaron a funcionar, aunque no en todos al 100 %, en los penales de Cañete, Huaral, Ica, Huacho, Chincha, Callao, Lurigancho, Castro Castro y Ancón 1 y 2.
A mediados del año pasado el proceso se detuvo cuando se disponían a instalar bloqueadores en los penales de Picsi de Chiclayo y El Milagro de Trujillo. El Estado puso observaciones, pues dos meses antes, en dichos penales se habían instalados otros equipos comprados con presupuesto de la la DINI. Hoy esos equipos tampoco funcionan.
Pero, a partir de esa situación se paralizó la instalación de los bloqueadores en el resto del país por observaciones a los equipos telefónicos públicos que la empresa ofrece a los recluso, la falta de aprobación de los estudios técnicos y de los protocolos para que Prisontec interactue con las empresas de telefonía.
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| Fernandez muestra el interior de los teléfonos a instalarse en los penales |
Calidad de los equipos
El Ministerio de Justicia y el INPE consideran que los equipos fijos que la empresa ofrece a los reclusos no cuentan con certificados internacionales sobre calidad, eficiencia y funcionalidad. Un informe de la consultora chilena "Ingeniería Mazzei"dice que no existe ningún entidad en el mundo que pueda otorgar esas certificaciones.
Por su parte, el 5 de septiembre último, Proinversión le indicó al Ministerio de Justicia que al tratarse de una asociación pública privada orientada a la prestación de servicios de 1) bloqueo o inhibición de señales celulares y WiFi y 2) telefónica fija en la modalidad de teléfonos públicos, el detalle de los equipos telefónicos nunca se específico en el contrato.
En tanto, recién el 24 de septiembre, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones hizo publicó el protocolo técnico que regula las condiciones de operación de los equipos bloqueadores de teléfonos celulares y de los servicios de telecomunicaciones en los exteriores de los penales, que debe aprobarse en los siguientes días.
Mientras se discute esta situación, los delincuentes siguen utilizando los penales para planificar y coordinar asaltos, extorsiones y secuestros, lo que que se podrían evitar bloqueando las llamadas celulares desde los penales.
Tito Fernández señala que esperan aclarar estos temas en una próxima reunión con la Ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello, que permita terminar de instalar los bloqueadores de celulares en los 33 penales del país.
